La ley debe cumplirse

septiembre 03 09:28 2015 Print This Article

jordiLeo con frecuencia a personas que califican el sistema democrático que tiene España de “baja calidad” o directamente niegan que ésta exista. No les hago demasiado caso. Es obvio que aquí las elecciones son libres, que se hacen cuando marca la ley, con garantías y que es la soberanía popular la que quita y pone gobiernos. Es obvio que el sistema de contrapoderes funciona de forma razonable y aquí hemos visto como un Juez investigaba y juzgaba a un gobierno socialista por excesos contraterroristas o cómo otro ordenaba el registro de la sede del Partido Popular en el poder en el marco de una investigación por corrupción.

Los que hablan de que España no es una Democracia en muchas ocasiones es porque aspiran a implantar un modelo distinto. O porque les va bien, para sus objetivos políticos, presentarla como un sistema semidictatorial. Es lo que hace, por ejemplo, Artur Mas cuando vincula la investigación judicial contra su partido por el presunto caso de cobro del 3%, con el objetivo de criminalizar a los soberanistas de cara a las elecciones del 27 de Septiembre.

Si este fuera un ataque contra el independentismo, ¿Por  qué ni ERC, ni las CUP, de las que nadie puede dudar de sus aspiraciones independentistas, han sido investigadas? ¿Acaso no recuerda que la investigación judicial fue abierta a partir de una denuncia presentada por sus socios de ERC…?

No, lo fácil es responsabilizar de ello a la “baja calidad democrática” de España y a un nuevo ataque a Catalunya.

Pese a que funciona razonablemente bien, el sistema democrático español, no  es perfecto y tiene muchos aspectos mejorables.

Uno de estos aspectos es la doble vara de medir que existe a la hora de aplicar las sentencias judiciales. Cada vez son más las personas que piensan que la justicia con demasiada frecuencia es fuerte con los débiles y débil con los fuertes.

Prácticamente siempre las personas anónimas que comenten delitos pagan por ellos, mientras que esto no sucede en todos los casos cuando los enjuiciados son empresas, personajes poderosos o las instituciones. Estamos hartos de ver hoteles, complejos comerciales y urbanizaciones que siguen en pie años después de haber sido declarados ilegales y cuyos propietarios se han ido de rositas. La propietaria de una humilde chabola, sin embargo, ingresa en la cárcel. La ley, por diversas razones, no siempre es igual para todos.

Es el pan nuestro de cada día que las instituciones de todos los ámbitos – local, autonómica y estatal- hagan caso omiso de las sentencias. Es por ejemplo, una vergüenza que el actual gobierno tenga tres ministros que han incumplido sentencias del Tribunal Constitucional; o que el Govern de la Generalitat ignore lo que le dictan los tribunales en materia de lengua o que haya ayuntamientos que desatiendan los fallos judiciales en materia de símbolos.

No sé si en estos momentos reformar el Tribunal Constitucional para que sus sentencias sean de obligado cumplimiento es lo más adecuado. Este es un debate que deben tener los juristas.

Lo que sí es seguro es que no es normal que se ignoren las sentencias del Tribunal Constitucional y que lo razonable es introducir mecanismos para que estas sean cumplidas por todos, sin excepciones. Debería pasar lo mismo con el resto de órganos judiciales. Nadie debería poder saltarse la ley sin pagar por ello.

El día que esto pasé, nuestro sistema democrático habrá mejorado. Y mucho.

Jordi Abayà

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