La mayor operación contra los talleres chinos ilegales de Mataró finaliza con tres condenas menores

diciembre 02 16:57 2015 Print This Article
Imagen de uno de los talleres localizados en Mataró en 2009

Imagen de uno de los talleres localizados en Mataró en 2009

La investigación de los Mossos que llevó al primer gran operativo policial contra la mafia china, que implicó a más de 700 agentes y condujo a más de 70 detenciones y un centenar de imputaciones, la mayoría en Mataró, se ha quedado en nada. Finalmente, sólo seis de los detenidos en 2009 fueron juzgados y sólo tres condenados a penas muy inferiores a lo que pedía la fiscalía.

La Audiencia de Barcelona ha condenado a tres ciudadanos de origen chino que regentaban talleres textiles ilegales en Mataró por un delito contra los derechos de los trabajadores en su modalidad de explotación laboral. Los tres condenados no tenían licencia de actividad y contrataban, para realizar los trabajos textiles, trabajadores de nacionalidad china en situación irregular.

La sentencia se basa principalmente en dos testigos protegidos que habían trabajado en algunos de las decenas de talleres textiles investigados. Pero sólo se ha demostrado la explotación en tres de los talleres y se absuelve a los acusados ​​de los delitos de asociación ilícita y de falsedad documental.


La fiscalía acusaba a los responsables de unas gestorías de facilitar la documentación falsa a los trabajadores explotados y coordinar la llegada de inmigrantes ilegales, y les pedía a los principales responsables hasta ocho años y medio de prisión. Las condiciones impuestas a estos más de 450 trabajadores consistían en jornadas de trabajo de hasta 15 horas diarias, ausencia de descanso semanal y de vacaciones, así como de retribución en caso de enfermedad, comida y pernoctación en los mismos talleres, que además no tenían las condiciones mínimas de seguridad y salud en el trabajo, y donde estaban sometidos a un estricto control.

La sentencia condena a los tres ciudadanos chinos a tres años y seis meses de prisión y una multa de 2.700 euros.El tribunal recrimina a los Mossos algunos defectos en la investigación, como el hecho de que sólo se basaran en dos testigos protegidos o que no interrogaran más fondo los trabajadores explotados ni estiraran más el hilo de las gestorías que tramitaban los permisos falsos de trabajo.

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