El asesinato de un joven gitano de 28 años del barrio de la Mina, la noche del 23 de enero en el Puerto Olímpico, a manos de un miembro de otro clan provocó que en apenas unos días, entre 300 y 500 personas se marcharan de ese barrio de Sant Adrià del Besòs por temor a represalias. Primero fueron los parientes más directos del presunto agresor, pero luego también muchos amigos y allegados. Todos temían la aplicación de la ley gitana que exige que «un muerto se paga con otro muerto». Una venganza que por el momento no se ha consumado.
Hasta ahora, no se sabía muy bien donde se habían instalado tantas personas que de la noche a la mañana huyeron de sus domicilios de La Mina y Sant Roc, en Badalona. Hoy el diario El Nacional informa de que una parte de ellos se han instalado en varios municipios del Maresme y la Selva como Alella, Tordera, Palafolls y Blanes. La mayoría ocupan casas vacías, algunas de las cuales son propiedad de los bancos. En Palafolls, hay tres familias, con un total de 20 personas instaladas en casas. En Alella tres familias con un total de 32 personas se han instalado en la lujosa urbanización Alella Mar. Todos, especialmente los de parentesco más lejano, esperan que las cosas se enfríen para poder volver. Algunos, los más cercanos, no podrán hacerlo hasta que la venganza gitana se haya producido. Mientras esto no sucede, a los Ayuntamientos les empiezan a preocupar cuestiones tales como escolarizar a los niños recién llegados. No es para menos. En Alella, según explica el Ayuntamiento, de los 32 instalados hay un total de 17 menores. En un comunicado dirigido a los vecinos el pasado día 11, el ayuntamiento de Alella confiaba en que la situación fuera provisional y en este sentido indicaba que «no se ha dado ningún paso para el empadronamiento de estas familias ni la escolarización de los menores. Entendemos que esta situación es provisional y que cuando se vuelvan a dar las condiciones para el retorno seguro de estas personas a sus domicilios en los municipios de origen, este retorno se producirá». El Ayuntamiento también ha indicado haber tenido reuniones con entidades vecinales preocupadas por este tema.
