La empresa que gestiona el servicio de rehabilitación y fisioterapia de la sanidad pública en la zona de Montgat podría haber incurrido en prácticas contrarias a la competencia y esto supondría un sobrecoste para el contribuyente. La empresa, que ganó el concurso en 2012, y logró adjudicarselo por una década, también gestiona el servico en Badalona, Santa Coloma y Sant Adrià y percibe por ello 3’47 millones al año. En total un contrato de 34’7 millones de euros que ahora se pone en duda.
Según publica hoy El País una investigación de la Autoridad Catalana de la Competencia (Acco) ha destapado que cuatro empresas pactaron “repartirse el mercado” y lograr así “mayores ingresos” a costa de las arcas públicas en el gran concurso del servicio de rehabilitación de la sanidad pública convocado por la Generalitat en 2012. Entre las empresas acusadas está Corporación Fisiogestión (CF), de la que procede el actual director del CatSalut, Josep Maria Padrosa. La Acco, que recuerda que el CatSalut debe vigilar contra estas prácticas, alerta en su informe de la “fuerte concentración” que el concurso de 2012 produjo en favor de la exempresa de Padrosa, que “controla gran parte de los servicios públicos de rehabilitación”. La Acco propone una dura sanción.
En su informe final, la Acco analiza el resultado del gran concurso con el que el CatSalut adjudicó en 2012 y para una década los servicios de rehabilitación y fisioterapia por un importe total de 200 millones de euros.
La Acco encuentra que se ha vulnerado la Ley de Defensa de la Competencia en cuatro de los 28 lotes adjudicados, que cubren los municipios de Badalona, Santa Coloma de Gramenet, Sant Adrià del Besós y Montgat. Estos lotes fueron adjudicados por 3,47 millones anuales —el 17% del importe total del concurso— a una unión temporal de empresas (UTE) formada por Fisioterapia (filial de Corporación Fisiogestión), con una participación del 14,4%; L’Eivax, 29,4%; Iriteb, 49,6% y el Centro de Accidentes Laborales y Rehabilitación Gramenet (Calrg), con el 6,5%.
Según explica el País el acuerdo tuvo sus consecuencias económicas. “De todos los descuentos ofrecidos por las empresas en el concurso de 2012, los de los cuatro lotes investigados son los menos importantes, del 7%, mientras en el resto de Cataluña ascendieron a hasta el 13%”, se señala. La Acco concluye que la UTE, “anticipando que no tendría mucha competencia, no necesitó ofrecer una rebaja importante”. Esto le proporcionó “unos beneficios ilícitos en detrimento del CatSalut y, en último término, de los contribuyentes”.
