Cuando a extranjeros entrevistados por los medios se les pregunta sobre el fenómeno secesionista catalán, bastantes contestan que éste es un asunto interno en el que no han de entrometerse.
Esa actitud de “ya os arreglareis como podáis” hace daño a Catalunya. Impide que los separatistas dispongan de elementos de juicio para ver más allá de su reducida dimensión.
Se ha dicho que para afrontar una controversia con racionalidad y efectividad, hay que contemplarla con la frialdad que proporciona un análisis realizado desde una posición de neutralidad y exenta de suposiciones no contrastadas. Para ello, es imprescindible contar con razonamientos de terceros que conduzcan hacia la visión del problema como si no se fuera parte de él aún siendo parte.
Cualquier acto trascendente requiere más de una opinión. No es suficiente la euforia de los consellers. La de Trabajo dijo que con la independencia no habría desempleo. El de Sanidad dijo que con la independencia no habría listas de espera en los hospitales. La de Enseñanza dijo que con la independencia no habría fracaso escolar. Para que estas afirmaciones no sean vistas como un engaño, necesitarían ser complementadas con referencias explícitas de por qué hay que esperar a la independencia para que las cosas mejoren aunque sólo sea un poquito.
Un primer paso para convencer de que el Estado del Bienestar catalán no sufriría merma, podría consistir en elaborar y difundir, incluso antes de introducirse en el enésimo proyecto de constitución, un avance de cómo serían los primeros presupuestos generales de la nueva república.
Así es como los emprendedores responsables empiezan cualquier idea de establecerse por su cuenta, en cambio, los consellers dan la sensación de que su único argumento se fundamenta en el mito victimista “España nos roba”. Este es el eje con el que pretenden construir un nuevo estado y mejorar las condiciones de vida actuales, sin embargo, se retraen de facilitar datos fiables y auditados por una agencia internacional de calificación de riesgos.
M. Riera
