El Pleno municipal de Mataró aprobó este jueves, 8 de septiembre, inicialmente la Ordenanza municipal reguladora del procedimiento sobre la verificación de viviendas vacías, que definirá cuando una vivienda se considera vacía y regulará el procedimiento para verificar esta situación.
Según datos municipales, en julio de 2015 había 3.792 viviendas vacías en Mataró, aproximadamente un 25% de los cuales eran propiedad de entidades jurídicas (bancos, empresas) y el resto de particulares. La ordenanza prevé diferentes multas para los tenedores de pisos vacíos que no adopten medidas para ocuparlas y que pueden llegar a un total de 18.000 euros. Concretamente se prevé que el Ayuntamiento podrá imponer de forma escalonada hasta tres multas coercitivas de 3.000 €, 6.000 € y 9.000 €.
La propuesta se aprobó con los votos de todos los grupos municipales menos las abstenciones de la CUP y la concejala no adscrita. La ordenanza la han presentado hoy el alcalde, David Bote; la concejala de Urbanismo, Medio Ambiente, Sostenibilidad y Vivienda, Núria Calpe; y la concejala de Bienestar Social, Convivencia y Política Social de Vivienda, Isabel Martínez.
«La finalidad de la ordenanza ahora en trámite es detectar la existencia de vivienda vacía y conseguir su movilización en el mercado por parte del propietario o titular. De esta manera se pretende favorecer, por un lado, que aumente la oferta de pisos destinados a la bolsa de alquiler social, y por otro, combatir las ocupaciones ilegales», explican desde el Ayuntamiento.
Para poder aplicar la ordenanza será necesario elaborar un programa anual de inspección de viviendas vacías, que establecerá las áreas donde se harán las inspecciones. «Se priorizará las comunidades con problemas de convivencia debido a la desocupación de viviendas. En cuanto el tipo de propietario, el Ayuntamiento tiene previsto priorizar las inspecciones a las viviendas de los denominados «grandes tenedores» (entidades bancarias y / o grupos empresariales)», señalan desde el gobierno local.
Tras una primera fase de detección de un posible vivienda desocupada, comprobación de datos (del padrón, consumos anormales a las compañías suministradoras, datos sobre la tasa de residuos) y, en su caso, comprobación por parte de la Policía Local , se realizará una inspección en la vivienda por parte de un inspector que tendrá condición de agente de la autoridad. El informe final constatará si la vivienda está vacío o no.
Si, según el informe, la vivienda está vacía abrirá expediente y se dará un plazo de audiencia de 15 días al propietario durante el cual podrá presentar alegaciones y aportar documentación. Si el expediente concluye que el piso está desocupado injustificadamente de manera permanente, el propietario deberá asumir la tasa por los trabajos de inspección realizados y el Ayuntamiento le reclamará que en un plazo no superior a un mes tome medidas efectivas para que el vivienda vuelva a estar ocupado, recordando especialmente las ventajas de cederlo a la Bolsa de Alquiler social.
Si, a pesar de los requerimientos, el interesado no acredita haber tomado medidas para fomentar el empleo de la vivienda el Ayuntamiento podrá imponer hasta tres multas coercitivas de 3.000 €, 6.000 € y 9.000 €.
Tras la aprobación inicial por parte del Pleno, la propuesta de ordenanza debe superar un plazo de información pública de 30 días. Si no se presentan reclamaciones ni sugerencias quedará aprobada de forma definitiva.
La ordenanza recoge el espíritu de la Ley 18/2007 del derecho a la vivienda, según la cual se incumple la función social de la vivienda cuando éste está desocupado de forma permanente e injustificada. Así, la normativa municipal considera vivienda vacía aquel que esté desocupado de manera permanente y sin causa justificada durante más de 2 años. Son causas justificadas de desocupación permanente el traslado por razones laborales, el cambio de domicilio por situación de dependencia y el hecho de que la propiedad de la vivienda sea objeto de litigio judicial pendiente de resolución.
La ordenanza se enmarca en una propuesta de resolución de ICV-EUiA, PSC y CiU, que fue aprobada por unanimidad por el Pleno el 6 de febrero de 2014. Entre otras cuestiones, la resolución acordaba poner en marcha programas de inspección para detectar inmuebles desocupados, empezando por los de las entidades financieras y las grandes empresas, y sancionar estos grandes propietarios.
