El promotor del macroprostíbulo de Mataró no tiene licencia de obras. Lo dijo reiteradamente el Ayuntamiento en los últimos años y ahora también lo dice la juez del contencioso administrativo número 10 de Barcelona, según relata en el auto al que ha tenido acceso la ACN. El empresario en litigio, Josep M. Colomer Ribot, pretendía que de acuerdo con la licencia ambiental obtenida en 2010 para el futuro prostíbulo se «rehabilitara» ahora una antigua licencia de obras con la que poder levantar el burdel.
Se da la circunstancia, sin embargo, que esta antigua licencia de obras, del año 2007, estaba ya caducada y, además, como recuerda el auto, servía sólo para hacer un «edificio industrial». La juez desestima pues la petición del promotor de vincular dos licencias que son «de actos administrativos claramente diferenciados».
Cuando hace poco más de un año el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) declaró vigente la licencia ambiental de lo que debía ser el futuro macroprostíbulo de la ciudad se encendieron todas las alarmas. El consistorio mantenía el frente común contra el burdel, pero su promotor llegó a escenificar en los terrenos que el inicio de obras era inminente.
Colomer Ribot, pues, volvió a llevar el caso a la justicia y reclamaba que, de acuerdo con la sentencia del TSJC, que le reconocía la licencia ambiental, se «rehabilitara» ahora su antigua licencia de obras. El juzgado contencioso administrativo número 10 de Barcelona, sin embargo, le deniega la petición. «Esta pretensión no puede prosperar», asegura la juez en el auto.
La juez recuerda que la la antigua licencia de obras la pidió a través de una sociedad diferente a la que pidió la licencia ambiental del prostíbulo, con lo cual no se pueden «relacionarse».
Además, apunta también que la antigua licencia de obras se otorgó sólo para la construcción de un «edificio industrial no vinculado al ejercicio de una actividad concreta».
Con todo, el juzgado considera «procedente desestimar» las pretensiones del promotor del macroprostíbulo de Mataró y le obliga a pagar también 200 euros de costes judiciales. El conflicto por la implantación de un prostíbulo de grandes dimensiones en la ciudad arrastra desde hace casi una década.
