Las autoridades policiales han advertido, en numerosas ocasiones, sobre el timo que perpetran algunos desaprensivos haciéndose pasar por revisores del gas o la electricidad. Con la excusa de comprobar el estado de las instalaciones, estos individuos abusan de la buena fe de la gente – especialmente de gente mayor- y le hacen pagar desproporcionadas facturas por unas revisiones ilícitas y que además no han llevado a cabo.
Ahora los Mossos d’Esquadra han puesto al descubierto una variante más grave en relación a los “falsos revisores”, en la que el timo da paso al robo. Aprovechando la supuesta revisión de las instalaciones, los ladrones aprovechan para llevarse todo aquello de valor que encuentran en las viviendas: dinero, joyas, objetos valiosos…
El Departament d’Interior ha informado que desde febrero de 2014 los Mossos han detectado 160 ilícitos penales cometidos por delincuentes que se hacían pasar por falsos revisores o falsos comerciales de gas o luz que, con la excusa de realizar falsas revisiones de instalaciones o conseguir un cambio de compañía suministradora, aprovechaban para sustraer efectos personales de las víctimas.
Las investigaciones, centradas en diversas poblaciones, comenzaron a principios de febrero de 2014 cuando se detectó un incremento de hechos penales en los que las víctimas, en su mayoría de edad avanzada, denunciaban que personas perfectamente vestidas de operarios de luz o gas entraban en su casa y, mientras uno de ellos entretenía los inquilinos, el otro pasaba habitación por habitación con la excusa de comprobar los enchufes, fusibles, contadores, aparatos eléctricos, radiadores o calentadores de gas, y robaban todo lo que podían, principalmente dinero y joyas.
Ante este aumento, el Grupo de multirreincidentes de Barcelona se encargó del análisis de estos hechos penales y la investigación para identificar y detener a las personas que estaban realizando estos hechos.
La investigación se centró en grupos criminales perfectamente organizados, con mucha experiencia previa, ya que la mayoría de ellos habían trabajado anteriormente de operarios de gas o luz en empresas legales y tenían antecedentes policiales por hechos similares.
Los delitos que los agentes imputan a estas personas son tres:
Hurtos calificados: se trata de una tipología de hurto agravado que puede implicar una pena de uno a tres años de prisión por cada uno de los hechos probados cuando la víctima quede en grave situación económica o se haga abusando de sus circunstancias personales o de desamparo .
Robos violentos: el robo violento no era su idea principal, pero se cometía en aquellas ocasiones en las que las víctimas daban cuenta de que estaban siendo víctimas del engaño. En el momento de impedir la comisión del delito, las víctimas sufrían intimidaciones o lesiones por parte de los delincuentes.
Estafas: en algunas ocasiones los autores les obligaban a pagar facturas ficticias como contraprestación por la realización de revisiones fraudulentas.
Las investigaciones dieron como resultado la imputación de un total de 43 personas, 29 de las cuales se las detuvo mientras que las 14 restantes están, actualmente, en paradero desconocido pendientes de detención. De las 29 personas detenidas, 16 han ingresado en prisión.
Una de las innovaciones de esta investigación consiste en la realización de 74 ruedas de reconocimiento judiciales con las víctimas horas después de la detención de los autores, en el momento que son presentados ante el juzgado de guardia. De esta forma se consigue que los delincuentes no puedan cambiar su fisonomía y no conduzcan al error de las víctimas de edad avanzada y también que el paso del tiempo entre la comisión del hecho delictivo y el reconocimiento de la víctima el autor de los hechos sea más largo y afecte al recuerdo que se tiene de la situación vivida.
En todos los casos los investigadores, al tiempo que cerraban las diligencias y pasaban los detenidos a disposición judicial, solicitaban al juzgado la realización de las ruedas de reconocimiento con conocimiento de la fiscalía, ya la vez se organizaba la recogida en los domicilios y el traslado de todas las víctimas para hacer los reconocimiento judiciales.
