La magistrada de la Audiencia Nacional Carmen Lamela ha archivado la denuncia presentada por la Fiscalía de la Audiencia Nacional contra el Ayuntamiento de Premià de Dalt por supuestos delitos de rebelión y sedición, entre otros, por la inclusión en su pleno del 23 de noviembre de una moción de apoyo a la resolución independentista del Parlament de Catalunya. Es el segundo ayuntamiento de Catalunya, después del de Sant Cugat, en que la justicia no encuentra motivo de delito por haber aprobado esta resolución.
En su auto, de cinco páginas, la magistrada recuerda que la moción se aprobó tras la suspensión cautelar de la resolución independentista por parte del Tribunal Constitucional (TC), pero antes de que éste dictara sentencia sobre el fondo de la cuestión y declarara inconstitucional y nula la resolución, que fue el 2 de diciembre.
La magistrada dice que la moción de apoyo del consistorio no supuso ningún tipo de violencia, tumulto, levantamiento o revuelta, como requieren los delitos de sedición y rebelión. Además, la moción no tuvo ninguna «consecuencia práctica» y no fue una declaración independentista, sino que simplemente el pleno municipal «mostraba su juicio y apoyaba» una resolución de la cámara catalana, que en ese momento sólo tenía su constitucionalidad «cuestionada». Por último, recuerda que no hay ninguna querella interpuesta contra los diputados que aprobaron la resolución del Parlamento, y sería desproporcionado actuar penalmente contra los concejales que apoyaron. Por todo ello, la magistrada archiva la denuncia.
La Audiencia Nacional tiene sobre la mesa otras denuncias de la Fiscalía contra ayuntamientos catalanes también por haber apoyado la resolución independentista. Se calcula que un centenar de ellos han aprobado mociones en este sentido.
