
Agentes de los Mossos detuvieron, entre el 1 y el 3 de junio, 13 personas como presuntas autoras de los delitos de pertenencia a organización criminal, estafas agravadas continuadas, estafas bancarias, coacciones y hurtos en interior de domicilio. Entre los detenidos estaría un vecino de Premià de Mar y entre las víctimas habría también al menos un vecino de Mataró.
Los investigadores tuvieron conocimiento de que un grupo de operarios de gas, que operaba en todo el territorio catalán, se aprovechaba de la vulnerabilidad de ciertas personas para realizar «reiteradas revisiones de gas innecesarias, falsas o inexistentes, empleando en algunas ocasiones la coacción». «Con estas revisiones obtenían unos beneficios económicos muy grandes que se repartían entre los autores materiales de los delitos y los líderes de la organización», explican los Mossos.
Estos operarios de gas, según han informado hoy los Mossos, trabajaban bajo la cobertura de sociedades mercantiles legalmente constituidas por testaferros, que tenían una vida muy corta. Cuando tenían conocimiento de que la sociedad podía estar siendo investigada, la cerraban y abrían una nueva al poco tiempo, con nuevos testaferros pero con los mismos responsables reales, administrativos y operarios.
“En tan sólo cinco años habían constituido un total de seis sociedades mercantiles, y la organización criminal la lideraban dos personas de origen libanés (padre e hijo) que actuaban desde el año 2012 con total impunidad”, relatan desde la policía catalana.
La investigación dejó patente que se encontraban ante una organización criminal “que operaba desde 2012 y que actuaba con una actitud totalmente depredadora hacia las víctimas más vulnerables por razón de su edad o condición psíquica, ya que en caso de encontrar una víctima vulnerable la acosaban muchas veces hasta agotar todos sus recursos económicos y el estafaban año tras año porque siempre conservaban sus datos”.
En uno de los hechos, que es lo que motiva el inicio de la investigación, los agentes acreditaron que una de las víctimas, un hombre de 80 años enfermo de Alzheimer, realizó 41 pagos por valor de 41.000 euros, 26 de los cuales con tarjeta de crédito y, los restantes, en efectivo. En alguno de los casos los operarios de gas acompañaban a la víctima a un cajero para que retirara el dinero.
En el transcurso de la investigación, los policías han constatado la comisión de 21 hechos penales a ocho víctimas de las localidades de Barcelona, L’Escala, Santa Perpètua de la Mogoda, Mataró, Santa Coloma, Llançà y Calonge.
En total, los investigadores tienen acreditado que los delincuentes obtuvieron 588.000 euros sólo los pagos que hacían las víctimas en concepto de las revisiones de gas con tarjeta de crédito, aunque la cifra es mucho mayor ya que la mayoría de los pagos se hacían al contado.
Una vez tuvieron toda la información recopilada y las víctimas plenamente identificadas, el 1 de junio llevaron a cabo un dispositivo en las localidades de Barcelona, Cornellà de Llobregat, Martorell, Pineda de Mar y Cubelles, que permitió la detención de trece personas como presuntas autoras de los hechos delictivos. Entre los detenidos figura el jefe de la organización, así como dos testaferros y diez operarios.
En los registros los agentes decomisaron 5.500 euros, documentación de las sociedades investigadas y ordenadores con información de las empresas.
Cuando los detenidos pasaron a disposición del juzgado se realizaron ruedas judiciales de identificación con las víctimas de los hechos.
Tras declarar en sede judicial, el juez decretó la libertad con cargos para los 13 detenidos.