El Ayuntamiento de Mataró ha empadronado, desde febrero de 2017, 44 personas sin domicilio fijo y 329 personas que no pudieron acreditar la propiedad de la vivienda donde vivían ni que estuvieran de alquiler, o sea ocupantes ilegales de viviendas. Son los datos del padrón que recoge un informe jurídico que pidió el Ayuntamiento de Mataró después de que CiU, ERC, Volem, CUP e ICV presentaran una propuesta para flexibilizar la normativa y eliminar algunas restricciones, como el hecho de que el empadronamiento no caducara nunca -las personas extranjeras sin permiso de residencia deben renovar cada dos años- o con menos de un mes se pudiera acreditar la residencia de una persona en una vivienda -la normativa fija un plazo de hasta tres meses.
A las 44 personas sin domicilio fijo empadronadas se les ha adjudicado como dirección la de la sede del servicio de Bienestar Social de Mataró «a instancia de los profesionales del servicio». Además, actualmente hay 178 solicitudes de empadronamiento más, aún pendientes de la valoración de los servicios sociales. Los datos del padrón también revelan que, en el caso de los ocupas, en este mismo periodo se ha rechazado el empadronamiento de 207 personas, 24 más iniciaron los trámites pero acabaron renunciando voluntariamente y hay 98 personas con su caso en plena tramitación y aún pendiente de resolver.
En el mismo Pleno y posteriormente y por escrito el Partido Popular pidió un informe jurídico sobre los acuerdos aprobados. Una vez recibido este informe, según denunció el portavoz del PP José Manuel López, se concluye que al menos 2 de los acuerdos tomados no se ajustan a derecho:
«El acuerdo 4 con el que los proponentes pedían no superar 1 mes por el reconocimiento de la residencia vulnera las Instrucciones técnicas a los municipios sobre el padrón, que habla de un período de 3 meses para reconocer o no este derecho», explica el regidor como primera ilegalidad.
«El acuerdo 6 que hablaba de no poner límite a la caducidad de inscripción al padrón para personas extracomunitarias, tampoco se ajusta a derecho, ya que la ley contempla que estas personas deben renovar su inscripción cada 2 años», indicó el regidor como segunda ilegalidad.
