
El juzgado contencioso administrativo número 3 de Barcelona ha condenado al Ayuntamiento de Mataró a devolver 1,2 millones de euros a unos sesenta propietarios de la urbanización Can Quirze. El dinero, que el Ayuntamiento liquidó el mes de noviembre de 2016 y que luego reclamó a los vecinos, corresponden a parte de unas obras de urbanización de la zona (asfaltado de calles, alumbrando, alcantarillado …) que ejecutó la empresa Ferrovial.
Los propietarios llevaron el caso a juicio por considerar que se trataba de un sobrecoste injustificado y que había prescrito por que las obras habían terminado en 2006 y, por tanto, habían pasado más de 10 años entre la finalización de los trabajos y el cobro de las cuotas. Por su parte, el consistorio, que ha presentado recurso de apelación contra la sentencia, considera que no prescribieron porque hasta 2008 se hicieron obras complementarias y que la recepción de los trabajos se produjo en 2010.
Según el consistorio, en el año 2016 se vio obligado a liquidar las últimas cuotas de las obras «en defensa del interés público y por responsabilidad jurídica» después de que la empresa municipal PUMSA descubriera una deuda pendiente no cobrado de 1, 2 MEUR. Una deuda que se sumaba a unas obras que costaron un 35% más de lo presupuestado inicialmente.
De promedio, cada propietario tenía que pagar unos 20.000 euros, a excepción de dos grandes propietarios: la escuela Meritxell y el Tenis Mataró. Buena parte de los propietarios ya pagaron a PUMSA las partes que les correspondían de estos cuotas, aunque algunos de ellos reclamaron el aplazamiento o el fraccionamiento de las mismas.
Ahora, la sentencia reclama al consistorio que devuelva las cantidades que los vecinos ya han abonado y sus intereses desde la fecha del pago y que asuma el coste del juicio.
Hasta que la sentencia no sea firme, el Ayuntamiento ya ha anunciado que no devolverá el dinero a los propietarios. Eso sí, a los que no hayan terminado de pagar, si lo solicitan, les aplicarán una suspensión del cobro hasta que finalice definitivamente el procedimiento legal.