El Ayuntamiento de Mataró ha anunciado que emprenderá acciones civiles para reclamar unos 270.000 euros que la empresa pública PUMSA «pagó y no debería haber pagado» a FCC por las obras del edificio El Rengle. Así se desprende de un informe encargado por el Ayuntamiento a raíz de un requerimiento de la Oficina Antifraude. Paralelamente el alcalde, David Bote, ha aprobado hoy por decreto la creación de una comisión de trabajo para analizar la situación actual de la sociedad municipal de urbanismo PUMSA, plantear el escenario o escenarios posibles de futuro y su viabilidad, y proponer una hoja de ruta a desarrollar según las posibles opciones
El informe que se ha dado a conocer hoy ha puesto de manifiesto que PUMSA contrató en un primer momento la empresa SGS INTEGRAL para encargarse del control de la obra de El Rengle. Esta empresa dictaminó que PUMSA no debía pagar como por la excavación y transporte unas tierras contaminadas que debían retirarse. Más adelante PUMSA cambió de empresa y contrató a la empresa GPO para encargarse del control de las obras. La nueva empresa, cambió de criterio y determinó que sí debía pagarse por la excavación y transporte de las tierras, lo que elevó el coste en 270.000 euros.
El alcalde David Bote explicó las acciones civiles posiblemente se emprenderán contra la empresa que decidió que debían pagarse por la excavación y transporte. A juicio de los responsables municipales esto no está justificado.
Un segundo informe, que se conocerá en el futuro, deberá determinar por qué PUMSA decidió cambiar de empresa y porque GPO determinó que se pagaran la excavación de tierras. El alcalde, en este sentido, indicó que el objetivo del gobierno municipal es «llegar hasta el final» y también empezar a plantearse el futuro de PUMSA.
Precisamente el alcalde, David Bote, ha aprobado hoy por decreto la creación de una comisión de trabajo para analizar la situación actual de la sociedad municipal de urbanismo PUMSA, plantear el escenario o escenarios posibles de futuro y su viabilidad, y proponer una hoja de ruta a desarrollar según las posibles opciones. La comisión de trabajo redactará en el plazo de 3 meses, una propuesta que recoja estos objetivos.
La dirección política de los trabajos a realizar se ha encargado a la concejala de Urbanismo y presidenta de PUMSA, Núria Calpe, y el concejal de Servicios Centrales, Juan Carlos Jerez. Asimismo, se ha nombrado como miembros de la comisión al gerente de PUMSA, el gerente del Ayuntamiento, al interventor municipal -como asesor en materia económico financiera- y el secretario del Ayuntamiento -como asesor en materia jurídico administrativa.
El edificio de oficinas y comercial El Rengle – construido entre el 2007 y el 2010- se presupuestó por 18,1 millones de euros, pero el coste final ascendió hasta 26,3 millones de euros, un 42% más. El caso llegó a la Oficina Antifraude en 2012, cuando CiU accedió al gobierno municipal. Después de más de dos años de investigación, Antifraude elevó el caso a Fiscalía en detectar presuntas «irregularidades en los procedimientos de contratación y ejecución» de las obras. Fiscalía, sin embargo, acabó archivando el caso.
