
Los grupos municipales 9 SV, ERC, Ciudadanos, PSC y PP de Sant Vicenç de Montalt ha presentado una moción de censura contra el alcalde Miquel Ángel Martínez i Camarasa (CiU). La propuesta se hará efectiva en un pleno extraordinario que tendrá lugar el 21 de septiembre a las doce del mediodía. El texto expone que el nuevo alcalde será Javier Sandoval Carrillo (PSC). La moción llega tras el escándalo por las obras que Martinez Camarasa hizo en su casa usando unos ladrillos que habían sobrado de una obra pública llevada a cabo en la población. Debido a este asunto el pasado mes de julio el alcalde también dimitió como presidente del Consell Comarcal del Maresme.
El texto recuerda que las fuerzas políticas de la oposición pidieron la dimisión del alcalde «por los hechos publicados en diferentes medios de comunicación» y, sobre los que se pidió explicaciones al alcalde «sin que éste fuera capaz de justificar ninguna de las presuntas acusaciones reflejadas en una grabación con un trabajador del ayuntamiento «.
Advierte la moción que el alcalde en ningún momento ha sido capaz de justificar» unos hechos que demuestran la utilización de material del ayuntamiento para fines particulares «. Desde el punto de vista de los partidos que presentan la moción, esta situación «invalida la autoridad moral que un dirigente debe tener para exigir que su ciudadanía respete las normativas, pague sus impuestos o sea respetuosa con todas aquellas instalaciones o propiedades municipales «. Asimismo, expresa que los concejales han perdido la «confianza» en el gobierno de Martínez Camarasa, con lo cual consideran que carece de «capacidad para llevar a cabo el gobierno de la población».
La polémica surgió después de que se hiciera pública la grabación de una conversación entre el alcalde y un operario municipal que ejecutó unas obras en casa del alcalde en 2011. Martínez Camarasa explicó que este empleado del Ayuntamiento hizo un arreglo en su jardín particular pero «fuera de su horario laboral». Sin embargo, admitió que el trabajador utilizó, sin su consentimiento, «doce ladrillos» sobrantes de una obra pública que según el alcalde «se tenían que tirar». El alcalde aseguró que el error fue no haber ordenado la retirada de los ladrillos una vez conoció los hechos.