Siete municipios del Maresme lo tienen claro: sus policías locales seguirán usando las pistolas eléctricas pese a la petición de la Generalitat de no utilizarlas. Lo harán mientras el Parlament no regule su uso. Así lo decidieron este miércoles los alcaldes y los jefes de los cuerpos de seguridad municipales de Arenys de Mar, Caldes d’Estrac, Dosrius, Montgat, Sant Pol de Mar, Sant Vicenç de Montalt y Sant Andreu de Llavaneres. Estos municipios y también Argentona y Cabrera de Mar, que en estos momentos no hacen uso de estas pistolas, además, instan a la Generalitat a abrir un debate global sobre el modelo de seguridad en Cataluña y a impulsar una nueva ley de policía -el actual es la Ley 16/1991 de 10 de julio de las Policías Locales- que regule definitivamente el uso de las pistolas eléctricas, tal como ha reclamado también el Síndic de Greuges. El encuentro se celebró por iniciativa del alcalde de Llavaneres, Joan Mora, que defiende que hay que actuar de manera unánime y se celebró en este municipio.
El encuentro se convocó a raíz de la carta que envió a los municipios afectados la Dirección General de Administración de Seguridad de la Generalitat de Cataluña, a raíz de un informe del Síndic. En el escrito, se pide a los ayuntamientos, «con absoluto respeto a la autonomía local», que consideren «dictar las oportunas resoluciones para la suspensión temporal de uso de estas armas o la suspensión de su adquisición a la espera del grupo de trabajo creado en el seno del Parlamento de Cataluña». Los responsables policiales de cada uno de estos municipios, pero, eran partidarios de seguir disponiendo de las pistolas eléctricas, las Taser. Los alcaldes, de forma unánime, han seguido su consejo.