El presidente de la Corporación de la salud del Maresme y La Selva, Albert Fernández Terricabras, propuso financiar un centro sanitario con la herencia de uno de sus pacientes, según una denuncia presentada en el juzgado de Blanes, a la que ha tenido acceso Efe. El juzgado de Blanes, según ha difundido esta agencia y han distribuido diversos medios, se ha inhibido del caso por competencia territorial y lo ha trasladado al de Arenys de Mar pero en la denuncia se pide investigar un delito contra la intimidad de las personas y otro de incitación a los delitos de coacciones y apropiación indebida, de los que se acusa a Fernández.
El denunciante -el concejal de Lloret de Mar, de la formación En Lloret sí se puede, Paulino Gracia, en la oposición- también pide que, por extensión, se investigue a los responsables de la Corporación por la custodia que llevan a cabo de los datos personales.
Según la denuncia, en una reunión con el ayuntamiento de Lloret de Mar Fernández expuso que en el sociosanitario del municipio se estaba muriendo una persona muy rica y sin familia y les propuso que mediaran con el moribundo para heredar y sanear las finanzas.
En la reunión estaban presentes el alcalde de Lloret, Jaume Dulsat; el concejal del PP Enric Martínez; el de CiU Joan Gou y el de Ciutadans Jordi Hernández.
Esta propuesta de financiación causó tanta sorpresa que se trató incluso en los plenos de noviembre del 2015 y de febrero del 2016, según las actas de las sesiones que aporta la denuncia.
«Estaríamos frente, al menos, a la incitación a un delito de coacciones (presionar a un moribundo para que otorgue testamento), otro de apropiación indebida para el Consorcio y entiendo también en este caso de Administración desleal», señala la denuncia.
Además, los datos aportados en la reunión permitirían identificar al paciente -se trata de un sociosanitario de pequeño volumen-, lo que vulneraría la Ley Orgánica de Protección de datos.
En este aspecto, el denunciante hace notar su extrañeza por que un administrador económico tenga acceso al historial médico (restringido al personal sanitario) y a datos complementarios del patrimonio de un enfermo.
Esta «quiebra» de la privacidad «permite señalar e identificar públicamente a una persona en el último tramo de su vida para expoliarla», agrega.
Gracia teme que esta presunta apropiación de datos, incluso en fraude de legítimos herederos, se pueda haber realizado en otros ayuntamientos. La Corporación del Maresme y la Selva gestiona, además del sociosanitario de Lloret de Mar, otros dos en Calella y Blanes; dos hospitales comarcales, seis centros de atención primaria y dos centros de rehabilitación. En el Mareme estos son los CAP de Palafolls, Malgrat de Mar y Calella.
Para aclarar los hechos, se pide al juez que tome declaración a Fernández y que la Corporación aporte la relación de las donaciones o herencias recibidas en los últimos cinco años.
También pide que se acredite una correcta custodia de los datos personales con los instrumentos que prevé la Ley.
